Una jueza agroambiental ha ordenado la suspensión temporal del tratamiento de los contratos de explotación de litio con las empresas CBS (China) y Uranium One Group (Rusia). La decisión, que ha sido confirmada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se mantendrá hasta que se aborden tres puntos críticos: el estudio de las aguas fósiles, la evaluación de los recursos hídricos y la realización de una consulta previa, libre e informada.
Según Callisaya, la disposición judicial exige a las autoridades administrativas la presentación de un estudio de impacto ambiental estratégico, con un énfasis especial en el uso y la gestión de los recursos hídricos. Además, se requiere un estudio detallado sobre las aguas fósiles presentes en la región y la realización de un proceso de consulta previa con las comunidades afectadas.
La resolución también insta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a convocar a los actores y a los afectados para analizar los posibles impactos de estos proyectos, antes de proceder con cualquier tratamiento legislativo de los contratos.
La noticia ha sido bien recibida en Potosí. La diputada asambleista Azucena Fuertes ha manifestado su satisfacción con el fallo, declarando que “al fin nos dan la razón a los potosinos”. La legisladora enfatizó que cualquier contrato debe esperar a la siguiente gestión legislativa y reiteró la necesidad de una ley del litio que garantice un 11% de regalías para la región.
Fuertes también hizo hincapié en la urgencia de realizar un estudio de impacto ambiental y de respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios, asegurando que cualquier acuerdo debe ser consensuado con la población.
Actualmente, los dos contratos de litio se encuentran en diferentes instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con este fallo judicial, su avance queda en suspenso hasta que se cumplan todas las observaciones y se garantice la transparencia y el respeto a los recursos y a las comunidades.
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