El incendio, que se desató en las faldas de un cerro, tuvo como origen la explosión en un establecimiento ilegal dedicado a la fabricación de material pirotécnico. Vecinos de la zona reportaron en redes sociales que las explosiones eran visibles a varios kilómetros de distancia.
El fuego se propagó con alarmante rapidez, favorecido tanto por los elementos pirotécnicos como por la precariedad de las viviendas en el asentamiento, construidas en gran medida con madera y otros materiales altamente inflamables. La situación se vio agravada por la carencia de servicio de agua potable en la zona.
Unas 30 unidades de bomberos y decenas de pobladores, armados con baldes, lucharon durante aproximadamente tres horas para controlar las llamas que llegaron a abarcar unos 3.000 metros cuadrados.
Tras la ardua labor, el Ministerio de Salud confirmó los cuatro heridos, y funcionarios capitalinos reportaron la cifra de damnificados.
El nuevo presidente peruano, José Jerí, se desplazó hasta el lugar de la tragedia para evaluar la situación y coordinar la ayuda. “Ya se controló el incendio, ahora es atender a los afectados, dónde van a dormir, dónde van a estar”, declaró el mandatario a la prensa, enfocando la prioridad en la asistencia humanitaria inmediata a los cientos de damnificados.
Este tipo de incidentes no son inusuales en las zonas periféricas de Lima, donde las edificaciones precarias a menudo se utilizan como depósitos de materiales inflamables, careciendo de las mínimas normas de seguridad contra incendios. El siniestro de San Juan de Miraflores pone nuevamente en relieve el riesgo que enfrentan estas comunidades.
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