La escasez de diésel en Bolivia ha escalado a una tragedia humana. La Confederación de Choferes de Bolivia denunció hoy que al menos 12 conductores asalariados han muerto en lo que va de 2025 a causa de las prolongadas y precarias esperas en puertos y fronteras para cargar combustible y descargar materia prima.
Sandro Araya, secretario de Conflictos de la Confederación, responsabilizó directamente al Ejecutivo por estos decesos, afirmando que el Gobierno se está “cargando más de muertos por hacer fila para cargar diésel”. La denuncia fue hecha en una conferencia de prensa en la que el dirigente lamentó la indiferencia gubernamental ante las alertas del sector.
Los choferes, que son la columna vertebral del transporte de materia prima, insumos y productos estratégicos para el país, deben someterse a esperas que se extienden por varios días. Araya explicó que esta situación se vive en condiciones deplorables, sin acceso a una alimentación adecuada y bajo una presión constante por los tiempos de entrega.
“Hemos tenido otro deceso en Paraguay, otro en Argentina y también en Perú,” señaló Araya. El dirigente detalló que el agotamiento y la falta de condiciones han sido fatales para conductores que padecen enfermedades preexistentes. “Algunos tienen la presión alta, otros sufren de diabetes y la debilidad nos lleva al deceso,” afirmó, subrayando la responsabilidad del Ejecutivo por no atender las demandas del sector.
El líder de los transportistas lamentó que el Gobierno haya ignorado sus reclamos desde el inicio de la crisis de combustibles, sintiéndose tratados “como si los choferes asalariados fuéramos la última lacra, cuando en realidad movemos la economía del país“.
La crisis se agudiza por la falta de divisas y la imposibilidad de pagar de manera oportuna a las navieras, lo que ha paralizado la llegada regular de carburantes y ha mantenido a la flota de transporte en un estado de emergencia permanente.
A pesar de que el cambio de gestión gubernamental está programado para dentro de un mes, el sector no descarta acciones legales. Araya anunció que demandarán al actual Gobierno por los muertos y que, en coordinación con la próxima administración, presentarán una representación jurídica para exigir responsabilidades por los daños causados.
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