Ante el incremento de las movilizaciones y bloqueos de carreteras, la delegada defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, hizo un llamado urgente a la pacificación y al establecimiento de espacios de diálogo, advirtiendo que las medidas de presión no deben sobrepasar los derechos de terceros.
En declaraciones recientes, Alarcón enfatizó que, aunque la movilización es un derecho garantizado por la Constitución Política del Estado, este no es absoluto cuando afecta la integridad y libre circulación de la población.
“Las movilizaciones, si bien son un derecho constitucional, esto no quiere decir que estas afecten los derechos de los demás. Ya no podemos seguir enfrentándonos entre bolivianos”, manifestó la autoridad defensorial.
Uno de los puntos más críticos señalados por la delegada es la falta de aperturas solidarias o humanitarias en los puntos de bloqueo. Alarcón denunció que se está impidiendo el paso de vehículos de emergencia, lo que agrava la situación social y pone en riesgo vidas humanas.
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